¿Sabes qué es y cuáles podrían ser las consecuencias del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP)?
"Demandar al Estado", un vídeo de Corporate Europe Observatory (CEO)
Puedes activar los subtítulos desde la pestaña inferior derecha (cc).
Si no puedes ver el vídeo, haz clic aquí
Puedes activar los subtítulos desde la pestaña inferior derecha (cc).
El Tratado de Libre Comercio entre UE-EEUU es un acuerdo que ha sido elaborado por los lobbys de uno y otro
lado del Atlántico; es decir, sólo han intervenido las empresas
transnacionales, sin participación de pequeñas y medianas empresas, sindicatos
o la sociedad civil. Debemos tener en cuenta que las transnacionales emplean a
muy pocas personas, son en realidad las PYMES las que producen el 90% o más del
empleo, y no están representadas en este pacto.
Por otra parte, los aranceles en los Estados Unidos y la Unión Europea son ya bajos, por lo que su fin no es ese sino abrir los respectivos mercados a la inversión, los servicios y la contratación pública, pero sobre todo, las negociaciones se centran en homogeneizar los estándares o normativas. Representantes de la industria organizados desde 1995 y que constituyen el Consejo Empresarial Transatlántico, han presionado por una “armonización” de las normativas divergentes y por la eliminación de lo que ellos llaman “fricciones comerciales”, estos desacuerdos para nosotros constituyen algunas de las garantías más importantes para los consumidores, el medio ambiente y los derechos laborales. La tendencia iría hacia una reducción de las normativas y facilitar la desregulación, lo que amenaza con debilitar críticamente las garantías para ciudadanos (consumidores y trabajadores), el medioambiente y otras esferas de interés público. Los peligros que denuncian numerosos colectivos son:
§ Claúsulas de solución de controversias inversor-Estado: se trata del punto más controvertido del tratado. Estas cláusulas otorgan a los inversores registrados en uno de los países firmantes, o con sede allí, la potestad de demandar a otro estado signatario si sus políticas han conllevado una reducción en sus ganancias. Los inversores están recurriendo cada vez más a estas cláusulas para iniciar demandas multimillonarias contra los gobiernos. Un arbitraje cuesta entre seis y 22 millones, y cada vez hay más. En 1996 hubo 38 casos, en 2011 fueron 450. En ocasiones la mera amenaza de una controversia inversor-Estado puede ser suficiente para acabar con una legislación, sólo porque los responsables de las políticas públicas temen ser demandados. Aquí lo que está en juego es la soberanía de los Estados y el derecho de estos para llevar a cabo políticas públicas en favor de sus ciudadanos. Las grandes empresas a ambos lados del Atlántico están haciendo lobby para que las cláusulas de solución de controversias inversor-Estado sean incluidas en el acuerdo de comercio entre la UE y los EE.UU. Cuanto más mecanismos existan para que los inversores se sientan cómodos, más nos arriesgamos a arrebatar poder de decisión en materia económica a los gobiernos.
§ Contratos públicos: el acuerdo pretende que
las empresas privadas tengan acceso a
todos los sectores de la economía (incluso a las industrias de defensa),
sin discriminación alguna. En Europa, la salud y la educación están por el
momento poco comercializadas en Europa pero, según palabras de Mario
Draghi, el estado del bienestar “está obsoleto” (en Wall Street Journal).
§ Industria
alimentaria: el peligro lo conforman los alimentos no seguros importados de EEUU
que podrían contener más transgénicos (no sólo están permitidos en los EEUU,
sino que proliferan), o los pollos desinfectados con cloro, procedimiento
prohibido en Europa. La industria agrícola-ganadera estadounidense exige la
supresión de los obstáculos europeos a ese tipo de exportaciones.
§ Derechos
Laborales: el Acuerdo Transatlántico ahondará en los recortes sociales, en la
reducción de los salarios, y destruirá empleo en varios sectores industriales
(electrónica, comunicación, equipos de transporte, metalúrgica, papel,
servicios a las empresas) y agrarios (ganadería, agrocombustibles, azúcar).
§ Medioambiente
Los
ecologistas europeos y los defensores del comercio justo explican además que,
al suprimir el principio de precaución, podría facilitar la supresión de
regulaciones medioambientales o de seguridad alimentaria y sanitaria. Algunas
ONG ambientalistas temen que se comience también a introducir en Europa el
fracking, o sea el uso de sustancias químicas peligrosas para los acuíferos,
con el fin de explotar el gas y el petróleo de esquisto.
Consciente
del creciente rechazo popular en varios países europeos contra el TTIP, la UE ha decidido plantear una consulta pública sobre el mecanismo de
resolución de disputas entre estados y multinacionales, a la
que los ciudadanos pueden responder hasta el 21 de junio (lee la consulta).
Fuentes:
http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/cuando_la_injusticia_es_negocio-web.pdf
Más
información:
No hay comentarios :
Publicar un comentario
Envía tu comentario. Participa. Generemos un debate constructivo. Gracias